No sería nada nuevo: mayorías PPSOEtc que mandan a la Justicia -siempre servicial con las Castas- antes que a Pujol& Junqueras& Mas& Puigdemont "impunizaron" ya también a sus ex-Vicepresidentes de Gobiernos Rato & Serra, etc... [costando 100.000 millones].
Y ello aparte de 'Amnistías' Fiscales a l@s defraudador@s dadas por... Boyer (en 1984) y Solchaga (en 1992), más la de Montoro (2012) anulada luego como "inconstitucional" [el 2017].
'El inminente cierre de la instrucción del caso Banco Popular en la Audiencia Nacional, con decisión sobre qué directivos se sientan en el banquillo por la ampliación de capital de 2016, marca un cambio de época justo cuando se cumplen 12 años del anuncio de "rescate" [mentado por vez primera oficialmente con un decreto del 4 de febrero de 2012] y casi 15 desde la primera intervención a una Caja de Ahorros (la de Castilla-La Mancha) en marzo del 2009 y tras fracasar su fusión con Unicaja.
¿En qué consiste ese cambio de época? Básicamente en que, salvo que una eventual condena en el caso Popular acabara conllevando algunos tipos de responsabilidades civiles o subsidiarias para el Estado, este habrá dejado de soportar los costes por recolocar el negocio de los Bancos quebrados (para no dejar tirados a sus usuarios) y en que los directivos de aquellos perderán cualesquier capacidades de enjuagar operaciones fraudulentas con dineros públicos antes de que Hacienda, el Banco de España o algún damnificado pueda encontrar pruebas de ellas.
El primero de esos dos ámbitos, el de los costes del rescate para el erario público, sigue creciendo tras estar superados los 100.000 millones de euros como consecuencia del aparataje diseñado para afrontarlo por los gobiernos de Mariano Rajoy, con Luis de Guindos como su ministro en Economía.
El otro, el de las responsabilidades penales de los directivos de las entidades financieras que fueron objeto del "rescate" y reestructuración, está cerrado por un balance de más de cien absuelt@s y centenar y medio exonerad@s entre las imputaciones previas a los juicios orales; y apenas una veintena de condenas que en muchos casos permitieron a sus destinatarios eludir el ingreso en prisión.
Más de 200 "investigados" y entre rejas tan sólo 20
3 de cada 4 condenados a penas de prisión por más de 2 años se concentran en el caso de las "tarjetas black" para Caja Madrid, en el que, no obstante, otros 48 fueron absueltos o se les asignaron penas inferiores al bienio, cuyo cumplimiento puede eludirse cuando se carece de antecedentes no siendo reincidentes.
La principal condena firme de las "black", un sistema de remuneraciones o quizá del "saqueo", por cuanto los miembros del Consejo de Administración [puestos por partidos desde PP a IU, el empresariado de la CEOE y sindicatos de UGT o CC:OO...] disponían de una tarjeta de crédito con la que podían gastar lo que quisieran en "todo lo que quisieran", recayó sobre un ex ministro y ex Vice-presidente Rodrigo Rato condenado a 4 años y medio de prisión.
Su antecesor en la presidencia de la caja, Miguel Blesa, que había sido condenado a 6 años de cárcel por la Audiencia de Madrid ya se suicidó antes de que se pronunciara el Supremo sobre un recurso. Él y Rato encabezaban una lista de 15 castigados con penas que conllevaban sus ingresos en la cárcel.
El que fuera consejero delegado para el Banco de Valencia, Domingo Parra, fue objeto de varias condenas, una de ellas para 3 años y 8 meses por causar un agujero millonario en la entidad.
A la cárcel por no devolver el dinero...
También llegaron a ser encarcelados 5 miembros de la cúpula para NovaCaixaGalicia, 3 de ellos condenados al haberse preparado su retiro millonario mientras pedían ayudas públicas para la entidad, otro por hacer la vista gorda y uno más por encargarse de la parte jurídica del fraude.
La Audiencia Nacional, que más tarde acabaría excarcelando al expresidente Julio Fdez. Gayoso "por su avanzada edad", les impuso sendas penas de 2 años de prisión que no pudieron eludir por no haber desembolsado los 22 millones con los que deberían haber indemnizado a la entidad.
La devolución del dinero cobrado de más, 26,8 millones de euros en este caso, fue lo que permitió eludir prisiones a 4 directivos de Caixa Penedés tras ser condenados a penas de hasta 2 años de prisión.
Y lo mismo ocurrió, aunque con sendas multas de menos de 30.000 euros, con los expresidente y exdirector general para la Caja Castilla-La Mancha, Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega, y con 2 directivos de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo).
Paralelamente, el Supremo revocaba las condenas de 4 años de prisión que la Audiencia de Zaragoza había impuesto a otros tantos directivos para la CAI, mientras que los 41 miembros de la cúpula en Caixa Catalunya juzgados, con el exministro Narcís Serra a la cabeza, como presuntos responsables de un agujero de 720 millones de euros eran exonerados por la Audiencia de Barcelona.
La mayoría de los casos sobre el hundimiento de las Cajas de Ahorros que llegaron a juicio acabaron con absoluciones para todos los conjuntos de sus acusados, como sucedió en el de ampliación del capital de Bankia previamente a su quiebra, o con penas que no conllevaban el encarcelamiento.
La factura de su "rescate" sigue creciendo... tras superarse los 100.000 millones
El reflote de esa entidad, que desde su intervención en mayo de 2012 ha quedado como paradigma del fiasco financiero en España, le costó al Estado 26.000 millones en números redondos, cifra que suponía ya un tercio de aquellos "73.000" en los que hace casi 5 años el Banco de España cifraba toda cuantía del 'rescate bancario'.
Esa cifra no ha sido actualizada oficialmente desde la nota del 20 de noviembre de 2019, aunque sí lo ha hecho el trabajo de algunos economistas como Carlos Sánchez Mato, que la sitúan en 100.194 millones de euros al cierre de 2022 y a la espera de que tanto la Sareb (Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) o "banco malo" como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) presenten sus cuentas de 2023.
El grueso de esa cifra, 79.587 millones, corresponde a la capitalización de entidades (57.813) y a los "esquemas de protección de activos" (12.3157), a lo que se añaden 5.878 en créditos fiscales diferidos (DTA), la capitalización de la Sareb (2.192) y el coste de las "preferentes" en Caixa Catalunya y las Cajas gallegas (1.387).
Completan el cuadro los 15.032 millones de pérdidas (3.411) y deterioros de activos (11.621) del "banco malo", otros 1.505 en avales y garantías a distintas entidades financieras y 4.070 más en otros gastos asociados a su "rescate", unas facturas que a fecha de hoy proyectan más perspectivas de incremento que de merma ninguna.
"La Sareb perdió 1.000 millones más tan sólo en el primer semestre del año pasado, con lo que la cifra actualizada va a ser muy superior", explica el economista, que destaca el incremento de más de 25.000 millones de euros que ha tenido el coste del "Rescate" durante 5 años.
También llama la atención sobre otro aspecto: "En la Administración ninguna Web hay que ofrezca estos datos para que el ciudadano los tenga a su disposición. Llevan años soltando tinta como los calamares para que la gente no pueda conocer el coste real del rescate".
"Al principio no computaban las pérdidas iniciales de las Sareb porque mentían con que iba[mos] a 'ganar dinero'... Y tampoco entraban las del Fondo de Garantía de Depósitos alegando que era una entidad privada cuando en realidad está dentro del perímetro de las administraciones", anota.'
Rato, ex-presidente de Bankia, y resto de procesados, en su juicio [2018]