jueves, 29 de diciembre de 2011

Estado del Bienestar: la propuesta de Europa...

"El Estado del Bienestar es la propuesta de la Unión Europea para el mundo. Sin eso la democracia perdería profundidad y, seguramente, también la Unión perdería parte de su sentido. Y para poder mantener esa propuesta los economistas tenemos que impulsar las reformas que sean necesarias para mantener el pulso de nuestra economía. Continuamente oímos que nuestra economía necesita más mercado y reformas estructurales. Y sí, sin duda lo necesita. Pero tenemos también la obligación de impedir que nuestro lenguaje sea tergiversado con palabras y conceptos que manipulan el pensamiento económico que nuestros maestros nos han trasmitido, que nuestra experiencia como profesionales de la economía nos ha enseñado.

Por esta razón, los economistas debemos rescatar del lodo en el que están siendo ahogados, desde las instancias más conservadoras, los conceptos, entre otros muchos, de mercado y de reforma estructural. Con toda energía debemos afirmar que reestructurar no es desregular y que las reformas estructurales no pueden ser las reformas laborales que se anuncian, conducentes a diluir los derechos de los trabajadores. Los economistas –fundamentalmente nuestros jóvenes economistas- deben saber que reformar y desregular no son sinónimos y que no pocas reformas estructurales son necesarias antes que las que sólo pretenden la flexibilización del mercado laboral a través de la desregulación y la precarización. Combatir la torre de babel en la que nos sumen poderosos intereses empieza a ser para los economistas tarea imprescindible si no queremos que nos arranquen las palabras, que nos dejen mudos.

Y por eso los economistas debemos declarar que no son los mercados los responsables de la crisis. Los responsables son los No mercados, en los que las barreras de entrada y de salida son infranqueables, en los que la información es privilegio de pocos, en los que la concentración oligopolística adquiere mayor poder que el gobierno de los ciudadanos. Y en esta situación son los gobiernos los que deben intervenir para impedir que los No mercados gobiernen por encima de los intereses generales. Se trata, al fin, de que los mercados funcionen aunque para ello necesiten las muletas del Estado, de la regulación o, simplemente, de la pura intervención pública para evitar las ineficiencias asociadas a las imperfecciones.

Mercados y regulación no son incompatibles sino expresión de una misma cosa. Liberalización y regulación son conceptos complementarios, inseparables, porque los requisitos que los economistas hemos formulado para que los mercados aporten eficiencia al progreso y al bienestar sólo están presentes, cuando lo están, de manera imperfecta, y en ocasiones en sectores económicos de alcance sistémico con resultados letales para el bienestar. O en el progreso y en la riqueza estamos todos, o ni el progreso existirá ni la riqueza interesará a nadie más que a sus poseedores. Tampoco interesarían las instituciones ni el Estado. La sociedad devendría una sociedad dual. Esta no es la propuesta de la Unión Europea ni a sus ciudadanos ni al mundo.

Economistas Frente a la Crisis señaló, en su primer Manifiesto (de hace 6 meses), que el primer objetivo de toda política económica es perseguir la máxima utilización de los recursos productivos disponibles y, entre ellos y en primer lugar, del empleo. Hoy ya se solicitan desde instancias relevantes funciones para el BCE más cercanas a las que detenta el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal. No sólo la estabilidad de precios, también el empleo y el crecimiento debiera ser una responsabilidad compartida por todas las instituciones de la Unión, con el BCE a la cabeza. Pero el “nuevo pacto presupuestario” y las “herramientas de estabilización” acordados el 9 de diciembre de 2011 por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Zona Euro, agudizarán la crisis. No estamos ante un problema de inflación sino de estancamiento originado por la imposición de rápidas reducciones del déficit público. Pero estos acuerdos no son el resultado de un mal diagnóstico –los gobiernos, las instituciones y Alemania disponen, sin duda, de competentes economistas- sino de la nueva concepción de Europa que el gobierno alemán, conservador y nacionalista, está logrando imponer. Siempre hemos insistido en la necesidad de avanzar hacia una gobernanza europea común de la Unión frente al sesgo insolidario de esa gobernanza.

Economistas Frente a la Crisis calificó de artera la utilización de la austeridad y de la estabilidad presupuestaria como argumento para debilitar la prestación de servicios básicos como la educación y la sanidad y señaló el sin sentido de políticas procíclicas y contractivas en un contexto en el que los problemas se centran en torno al paro y al estancamiento y no a la inflación. Austeridad siempre. Derroche o despilfarro nunca. Pero austeridad no es el déficit cero... Es eficiencia en la inversión y en el gasto. Para ello se deberán establecer metodologías públicas para una "declaración del impacto económico" de las decisiones correspondientes y condicionarlas al retorno económico y social que las justifique. Así la austeridad quedaría justificada en la eficiencia de la gestión pública del gasto y de la inversión y no caería bajo esa manipulación, de lo que no es más que una campaña ideológica subliminal.

Ahora, sin complejos –como tampoco los tuvimos antes- debemos decir que las reformas estructurales son necesarias para restaurar la operatividad de los mercados, aumentar la productividad del trabajo y la competitividad de la economía. Pero no son las que desde las instituciones europeas nos llegan. Desde este manifiesto, ponemos algunas propuestas sobre la mesa del debate:

1- De las reformas laborales y la Gobernanza Corporativa. La productividad del trabajo no sólo depende de las reformas laborales que deberán ser abordadas desde el consenso entre los agentes sociales, sino también, y de manera determinante, de la organización del trabajo, de la capacidad de innovación, del stock de capital de las empresas y de los aciertos de la gestión empresarial que se desenvuelve, irremediablemente, en el contexto de la globalización. Los sindicatos no pueden ser ajenos a estas cuestiones –y no deberán serlo: es clara la relación directa entre mayor productividad y mayores derechos de negociación- pero implican, en primer lugar, a los empresarios y a quienes ejercen esa función. La mayor parte de responsabilidad sobre la velocidad de crecimiento de la productividad corresponde a los que pueden tomar las decisiones sobre el cambio tecnológico y la inversión en la empresa. Las reformas laborales que puedan ser acometidas no pueden ignorar esta cuestión crucial, casi siempre ignorada.

Considerar el factor trabajo y los salarios sólo como un coste variable que pueda ajustarse, sin más, a la marcha de los negocios, según convenga a los márgenes pre asignados a los capitales invertidos y a las altas remuneraciones de los administradores, es el mayor incentivo que una reforma puede conceder a la ineficiencia y a la irresponsabilidad o impericia de los empresarios en relación con la organización del trabajo, la innovación y la gestión industrial, comercial y financiera. El salario es la base de la demanda agregada de la economía y el único ingreso de la mayoría de los trabajadores para atender a sus necesidades vitales. Poner el acento de las reformas laborales exclusivamente en la contención salarial y en la austeridad no contribuirá a la recuperación de las economías europeas. Sólo a la agudización y prolongación de la crisis.

Toda reforma laboral que pretenda el calificativo de estructural, debiera centrar sus preocupaciones en la regulación de la gobernanza corporativa y en la organización del trabajo en las empresas. El control de las retribuciones de los ejecutivos, el destino de los beneficios empresariales y la creación de servicios y auditorías laborales conducentes al aumento de la productividad de los factores, deben constituir ejes de las reformas laborales y corporativas. Como primer y tímido paso en la buena dirección: la conversión en contratos indefinidos de los contratos temporales encadenados que mantienen las administraciones en la enseñanza y en la sanidad.

Las propuestas que se están poniendo sobre la mesa, tendentes a desmembrar las negociaciones de los convenios laborales, no buscan tanto la eficiencia del mercado de trabajo y la recuperación del empleo, sino el debilitamiento de la fuerza sindical de los trabajadores, seguramente el último reducto que queda para contener el deterioro del estado del bienestar. Thatcher en la memoria: reducir primero el poder sindical para encoger después el Estado del Bienestar.

2- Del Sistema Financiero. La dación de los activos inmobiliarios de particulares y promotores en pago de las deudas que garantizan, provocaría elevadas pérdidas a la banca española. Esta es la demostración de que detrás de la burbuja inmobiliaria están los pulmones de la banca que han hinchado el globo por encima de valores prudentes. El diferencial de costes entre los recursos pasivos y activos de la banca, unido a sistemas de incentivos que premian los beneficios sin relación con el riesgo, está en los fundamentos de la especulación sobre el valor del suelo y de la cultura del ladrillo que ahora nos amenaza a todos con el abismo de las restricciones del crédito e, incluso, de las quiebras bancarias.

El interés general exige el rescate de la banca. ¿Pero qué rescate? ¿Banco bueno o banco malo? El crédito debe volver a fluir y sólo el desapalancamiento de la banca, con la restauración de sus ratios de solvencia, podrá restablecer su función en la economía, imprescindible porque es sistémica. Al Estado le corresponde lograr urgentemente y de manera imperativa ese restablecimiento. ¿Sacamos de los bancos sus activos contablemente inflados o tóxicos para ubicarlos en bancos malos en los que las aportaciones públicas cubran los agujeros y el relajamiento de las normas contables lamine en el tiempo su impacto? Si hiciéramos tal cosa estaríamos amnistiando la irresponsabilidad que ha incentivado prácticas financieras no ajenas a la generación de esta crisis.

La contabilidad debe recuperar su prestigio y lo que vale menos debe tener su reflejo en los balances de los bancos. Eso es información y transparencia, ambas imprescindibles para la recuperación de la confianza en las instituciones. Dar visibilidad a los agujeros allá donde se hallen permitirá a los accionistas y a las administraciones exigir las responsabilidades que correspondan a los gestores y a los reguladores. Y permitirá que las pérdidas, si existieran, sean asumidas por un accionariado indiferente al cortoplacismo y complaciente con sus gestores. El Estado se sentaría en los Consejos de Administración para garantizar la recuperación de aquellos fondos preferentes que, en defensa del interés de los ciudadanos, hayan tenido que ser aportados desde los fondos fiscales. El Estado deberá garantizar, por todos los medios, el desapalancamiento de la banca para restaurar los flujos del crédito. Pero Bancos malos no; sólo son la solución de los malos banqueros. No olvidemos que el Banco malo es una forma de socialización de pérdidas privadas con su conversión en deuda pública.

Esta es la reforma estructural que necesita la banca para que el crédito fluya. Inspección, regulación y recapitalización. La desregulación hasta aquí nos ha traído. Su trayecto ha llegado ya al final.

3- Del sistema fiscal. Los adjetivos que apellidan los grandes conceptos de la construcción europea son casi siempre sospechosos: “nuestro objetivo es un estado del bienestar sostenible. Sostenible. Otra palabra manipulada que esconde una propuesta de estado de bienestar de menor calidad, con menor coste. Con menor coste para no tener que acometer la reforma fiscal que necesita España para acercar su presión fiscal a la media de los países de la Unión que encabezan las prestaciones sociales, la calidad de su educación y sanidad, la protección a los dependientes, la defensa del medioambiente, los equilibrios territoriales, el bienestar de sus jubilados, el mayor crecimiento económico, la mayor renta de sus ciudadanos.

Revisar el Impuesto de Sociedades para acercar su tipo real a su tipo nominal, el primero entre los más bajos de la Unión, el segundo entre los más altos; reforzar los recursos de la Inspección de Hacienda sobre las grandes compañías y ciertas actividades profesionales, responsables de la mayor parte del fraude; incentivar fiscalmente la creación de nuevas empresas y la contratación de los primeros empleos; restaurar la progresividad del impuesto sobre la renta e igualar la presión sobre las rentas del capital a la que soportan las rentas del trabajo, implantar un impuesto sobre las grandes fortunas, constituyen, todo ello, algunos de los ejes sobre los que debiera pivotar una reforma estructural de nuestro sistema fiscal.

Los déficits fiscales continuos, con un comportamiento autista respecto al ciclo económico, son letales para la sostenibilidad de la deuda pública y conducen a la catástrofe. Pero es completamente ilusorio y carece de fundamento científico solvente basar la eficiencia fiscal en la reducción de la presión fiscal. El dinero no siempre está mejor en manos de los individuos si el estado del bienestar es la propuesta de Europa para el mundo y el soporte de la convivencia social en un Estado democrático. Una gestión contracíclica del saldo presupuestario necesita una capacidad recaudatoria que pueda responder a las crisis con un aumento del gasto para limitar el aumento del déficit y el deterioro de la deuda a cotas insostenibles. De otra manera reduciríamos el Estado a mero administrador de sus ingresos y gastos corrientes; transferiríamos al sector privado un inmenso negocio sobre las pensiones, la sanidad, la educación, las infraestructuras… Tal vez sea esta la explicación que nos falta para comprender la trastienda de una política económica que nos dejaría de parecer contraria al sentido común para parecernos contraria al interés general.

4- De la Gobernanza Europea. La crisis de deuda soberana que sufre Europa, se ha agravado en los últimos meses debido a la política contractiva impuesta desde la mayoría conservadora que gobierna las instituciones de la Unión Europea, el Partido Popular Europeo, bajo el desvirtuado eslogan de la austeridad. El planteamiento de la necesaria consolidación fiscal en plazos muy restrictivos y sin discriminar entre las dispares estructuras de la deuda total que presentan los Estados miembros, ha acentuado la situación de estancamiento de la eurozona, particularmente de España, comprometiendo la recuperación de los ingresos fiscales que serían necesarios para no deteriorar la solvencia del Estado.
Las posiciones mantenidas por Alemania no están contribuyendo, de ningún modo, a la mayor gobernanza económica de la zona euro. Muy al contrario, Alemania mantiene posiciones contrarias a la integración fiscal de la zona en tres aspectos clave: (1) la ampliación del mandato del BCE para que asuma un papel activo en relación con el crecimiento y el empleo, ahora limitado a la estabilidad de precios; (2) la consolidación del mecanismo europeo de rescate ante crisis financieras, y (3) la mutualización del riesgo a través de los eurobonos. Estas cuestiones, constituyen, en el momento actual, las que de manera urgente debieran ser abordadas en el camino hacia “una mayor gobernanza económica de la zona euro”. En cualquier caso ya es dramáticamente urgente que el BCE se convierta en un cortafuegos creíble frente al deterioro de las deudas soberanas.

El problema de la deuda española reside en el elevado endeudamiento privado, no en el volumen de la deuda pública que presenta sobre el PIB uno de los mejores ratios de la eurozona. Y es, precisamente, la rápida consolidación fiscal la que no contribuye como debiera, desde el gasto público, a los estímulos expansivos que necesitan los deudores privados para hacer frente, en menor tiempo y con menores dificultades, a sus compromisos financieros. Por consiguiente, de la mal llamada austeridad no sólo sufren los ingresos del Estado y los servicios esenciales que configuran el estado del bienestar, sufre la economía en su conjunto: las empresas y el empleo.

La reciente constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria que dará cobertura a la gestión del saldo presupuestario mediante una regla automática, carece de argumentos económicos consistentes y su explicación sólo puede buscarse en motivos de naturaleza política relacionados con un gran chantaje: a cambio de controlar la “hemorragia” de nuestra deuda, la gibarización de nuestro Estado. Es la imposición vicaria de un BCE cada vez más ajeno a las necesidades de los Estados. Los intereses generales no pueden dejarse abandonados a “reglas de oro”, recetas ya inservibles que la realidad de la crisis refuta, y que esconden, con el recurso a automatismos tan solo supuestamente técnicos, desconfianza en la propia democracia.

Una reforma estructural de la Gobernanza Europea, que confiera al Parlamento Europeo la capacidad de elegir el gobierno de las instituciones europeas, es el único principio que podría legitimar las decisiones que emanen de la Unión Europea.

5- De la energía. La energía y su suministro, como el dinero y los servicios financieros, es un bien y un servicio que impregna todas las actividades de los individuos y de las empresas. Incluso en algunos sectores productivos su coste es superior al coste del trabajo. Su regulación es, por consiguiente, esencial para que el impacto de su coste y de su calidad contribuya a la competitividad de la economía.

En España estamos muy lejos de esa contribución. Una profunda reforma estructural debe conducir los precios que pagan los consumidores a los costes reales y justificados de su producción, de su abastecimiento y de su suministro. Esto es especialmente cierto para la electricidad cuyo mercado solo alcanza a revelar los costes de la producción de mayor coste que cubre la última unidad de electricidad consumida generando beneficios injustificados (incompatibles con el interés general) en segmentos que escapan a los mercados y a la competencia, tales son las grandes concesiones hidroeléctricas y las centrales nucleares. Y es especialmente cierto también, porque la electricidad es el principal vector energético que puede permitir el aprovechamiento masivo de recursos autóctonos renovables, cuestión no sólo clave para la gestión de la mayor amenaza que gravita sobre nuestro Planeta –el Cambio Climático- sino también para alcanzar, en el medio plazo, la mayor contribución a la competitividad de nuestra economía que pueda imaginarse: independencia energética, innovación, creación de empleo, mejora de nuestra balanza de pagos, contención de la contaminación medioambiental inherente al crecimiento económico, y disminución de costes para las familias y las empresas. Para ello, tan profunda tendrá que ser la reforma estructural necesaria que la regulación de la energía deberá partir desde cero. Naturalmente todo ello sin menoscabo de la seguridad jurídica y de la confianza legítima que debe presidir toda reforma en defensa de los ciudadanos, las empresas, las instituciones y el Estado de Derecho.

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Las reformas que se acometan deben poner las bases para garantizar la corrección de la creciente desigualdad que se está imponiendo en los Estados de la Unión Europea. Europa es su Estado del Bienestar. Su retroceso, pondría en cuestión el propio proyecto de la integración europea.

Los abajo firmantes, porque consideramos que los economistas tenemos la obligación de devolver a la sociedad los conocimientos que la sociedad nos ha permitido adquirir, hacemos un llamamiento a los economistas para que contribuyan, desde el debate, a una salida progresista a la crisis. Necesitamos más mercado y más reformas estructurales, pero no las que están imponiendose. Esas son las de siempre, las que nos trajeron hasta esta crisis. Por ello, Economistas Frente a la Crisis, abierto a todos los economistas y ciudadanos que compartan nuestra preocupación, seguirá estando presente aportando sus análisis y sus propuestas. En juego está el Estado del Bienestar, es decir, la Europa del progreso."


(Segundo Manifiesto..., diciembre del 2011)

miércoles, 21 de diciembre de 2011

Con frío -¿como los puercoespines?- hay que ir

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«Como los erizos, ya sabéis, los hombres un día sintieron su frío. Y quisieron compartirlo. Entonces inventaron el amor: el resultado fue, ya sabéis, como en los erizos...» (Luis Cernuda: 'Donde habite el olvido').


El "dilema del puercoespín o de los erizos" es una parábola escrita por Arthur Schopenhauer en su obra 'Parerga und Paralipomena' (1851):

En un día muy helado, un grupo de ellos que se encuentran cerca sienten simultáneamente gran necesidad de calor. Para satisfacer su necesidad, buscan la proximidad corporal de los otros, pero mientras más se acercan, más dolor causan las púas del cuerpo del vecino. Sin embargo, debido a que el alejarse va acompañado de la sensación de frío, se ven obligados a ir cambiando su distancia hasta que aciertan con aquella (más soportable) separación óptima que les resulte posible.


La idea, pues, que dicha parábola quiere transmitir es que cuanto más cercana sea la relación entre dos seres más probable será que puedan hacerse daño uno al otro; al tiempo que, por el extremo contrario, cuanto más lejana sea su relación tanto más probable será el que puedan llegar hasta morirse de frío...

Sigmund Freud cita esta parábola de Schopenhauer en una nota a pie de página de su ensayo 'Psicología de las masas y análisis del yo':

«Consideremos el modo en que los seres humanos en general se comportan afectivamente entre sí. Según el famoso símil de Schopenhauer sobre los puercoespines que se congelaban, ninguno soporta una aproximación demasiado íntima de los otros»

domingo, 18 de diciembre de 2011

Aquí servidores públicos no sobran sino, solo, defraudadores; y cúpula patronal amparando!

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Un "microsalario (reducido) a 400 €/mes"... garantizará 'Productividades' (competitivas) a los Empresarios ya (fiscalmente) subvencionados que por dar (tamaño) 'Empleo' exigen "Beneficio (sin límite)" como premisa para su 'Inversión (con riesgos) emprendedora'... Esta es aquí ahora la última gracieta -inventada por los ins@ciables de siempre jamás y coreada sin seso desde unos u otros partidismos en ambas orillas...- del consensuao discurrir único que húndenos con la Crisis: invitan a que copiemos cualquier ajena miseria puntual, en este caso dicen que alemana, ¡pero sin embargo -¡qué casualidad más inadvertible, al parecer!- ninguno de sus mayores logros (con pensiones y salario medio muy superiores) o riqueza (PIB, rentas e inversión) per capita por cuanto a todo el Bienestar ciudadano del conjunto social!
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Portada reciente del 'Economista', en pleno apuro supuesto de todos...


"El presidente de la Patronal española ha vuelto a insistir en que sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada (Nada nuevo, pues desde que llegó al cargo viene diciendo que en 'Hay más de 150.000 funcionarios del Estado que no tienen trabajo que hacer', 26.11.2010)...

Veamos qué hay de verdad, o no, en ello.

El porcentaje de personas adultas que trabajaban para el sector público en España durante 2008 era del 13% del total de la población activa, uno de los más bajos entre la UE-15 (sólo 16%); y en los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.

En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos comparando con nuestros países vecinos en donde la cosa funciona mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente un 72% de su promedio, sólo) para nosotros.

Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal. El número de empleados públicos en España es de unos de 3,1 millones y se calcula que los, muy sostenibles, costes de sus nóminas vienen siendo -aun, hasta hoy, con todo lo que se diga...- poco más de unos 100.000 millones de euros anuales.

Mas el colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha estimado que la evasión fiscal de grandes fortunas, corporaciones y empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: 'El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas'); o sea, casi un 40% de la citada cantidad que nos cuestan los más de tres millones de empleados públicos españoles, y también casi una mitad que los cerca de 100.000 millones del déficit público en ese último ejercicio.

Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también recortar los gastos en educación, salud, pensiones o servicios a las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho para esos conceptos; sino porque quieren que las grandes fortunas y capitales defrauden aún más y paguen menos todavía en Hacienda.

Por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que hubiese 150.000 personas menos con ingresos en la economía, debilitando la demanda general y los beneficios en miles de pymes o 'pequeños y medianos empresarios' afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar así que la exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.

La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal."



Juan Torres López: 'En España no sobran funcionarios sino defraudadores y los dirigentes patronales que los encubren'.



[ Véase gráfico sobre Productividad más Empleo comentado ]


miércoles, 7 de diciembre de 2011

Cómo, por qué y cuál es aquí hoy el impacto de la crisis sobre Desigualdades en trabajos o paro

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."...Formación es premisa necesaria para el progreso económico, mas no suficiente. Nuestra organización institucional debe tener configuración tal que le saque su máximo partido, incentivando producción de riqueza para poder así ampliar claramente las proporciones en puestos altamente cualificados y productivos, y elevar el bienestar colectivo aumentando los márgenes de la redistribución.

Un punto claramente relacionado con tal productividad es el bajo nivel formativo del empresariado. Los empleadores varones adultos (españoles de 30 a 54 años de edad) tienen una proporción de titulados universitarios del 20'6%, menos de una mitad que la de los asalariados públicos (45'1%) y también inferior a lo de sus propios empleados en el sector privado de la industria y los servicios (22,8%).


Como muestra de la evolución en ese colectivo, los empleadores que no alcanzaron estudios post-obligatorios eran un 55'1% hasta 2000, el 45'5% en 2007 y aun 41'5% para el último 2010. Aunque se ha producido una mejora, ésta sigue siendo menor que la experimentada por el conjunto de la población con esas edades. Entre los varones españoles adultos, para ser empresario sigue sin ser necesario tener estudios de alto nivel: 4 de cada 5 no son universitarios, y 2 de ellos no han ido más allá de la enseñanza obligatoria.


En lugar de que sean los conocimientos el motor de la empresa, se diría más bien que sucede lo contrario: cuando no se 'tienen estudios', hay que seguir supliendo la carencia de capital humano con capital físico y más esfuerzos. La jornada de los empleadores es mayor cuanto menor formación tienen. Según la EPA del primer trimestre de 2010, los empleadores trabajan efectivamente 52'7 horas semanales los de primaria, 50'2 con secundaria y 40'7 quienes tienen título universitario. Entre nuestros varones adultos, los asalariados han hecho una jornada efectiva media de 34'1 horas, sin diferencias apreciables por su nivel de estudios; las mujeres equivalentes trabajaron 30'6 horas y los varones asalariados del sector privado alrededor de 39 horas a la semana.


Así que, con esas jornadas, los padres prefieren que sus hijos sean funcionarios: según el barómetro 2311 del CIS, un 55% así lo recomendaría frente al 13% que les aconseja trabajar en una empresa privada (...)


Llegados al año 1985, las sucesivas crisis fueron acentuando diferencias en tasa de empleo entre los niveles educativos... La situación de los ocupados universitarios se ha estabilizado de forma notable y se parecía independizar con respecto a la marcha general de la economía, sin dejarse influir por las profundas variaciones del empleo total.


Pero la trayectoria de los de primaria fue bien diferente: tras perder 12 puntos porcentuales en la primera crisis de nueve años, recuperan 4 puntos en los cinco siguientes años. A continuación perdían 9 puntos en seis años y volvieron a recuperar solo 4 en el siguiente cuatrienio, para llegar al 2000 con una tasa del 83'9%; precisamente hasta lo mismo que durante 1985, en lo más profundo de la 'crisis del petróleo'.


Desde dicho año, la competencia de los inmigrantes les hizo aun perder 2 puntos hasta 2007, pese a ser entonces una fase con expansión del empleo sin precedentes. Y después, cuando llega esta crisis vuelven a perder 16 puntos en 2'5 años (...)


Mientras con aquella otra previa de 1976 a 1985 se pudo constatar que sucedía lo contrario, hoy, la dureza en esta crisis actual es mayor cuanto más jóvenes son los afectados (...) Como epítome del grado de contundencia con que la crisis ha impactado sobre el empleo de los varones con estudios primarios puede seguirse la trayectoria de las cohortes para los nacidos entre 1981 y 1985: en 2001, con 16 a 20 años, estaban ocupados el 53%; seis más tarde, para 2007, habían alcanzado el 77%, que era la mejor tasa para cualquier colectivo con esa edad desde 1978; en 2009, con 24 a 28 años descendieron al 50% ya, perdiendo sobradamente todo lo ganado en los ocho ejercicios anteriores y situándose hasta 30 puntos por debajo del 80% que habrían logrado de poder mantener aquella trayectoria hasta dos años antes llevada (...)


El problema para un futuro inmediato es que quienes han alcanzado como máximo ESO, con esta llegada de la crisis han caído casi 16 puntos, del 85'9% al 70'2%. Esto les coloca por debajo de la tasa de empleo que tenían los de primaria durante la expansión anterior (el 73'1%, tan solo tres años antes) y son un colectivo estable con más de 3 millones de varones. Se diría que van a ocupar la pésima situación laboral sufrida por los de primaria en esta actualidad.


Con tales antecedentes y previsiones, negar la necesidad o urgencia de una solución para esos colectivos en la configuración del mercado de trabajo equivale al condenarlos a una suerte de 'muerte civil' (laboral), como decía Miguel de Cervantes. Concederles títulos de formación profesional en función de su experiencia con el puesto de trabajo es una solución nominalista que no cambiará sustancialmente ninguna posición relativa dentro del mercado de trabajo (...)


El comportamiento convulso de nuestro mercado laboral multiplica las 'finalizaciones' que no tienen efecto sobre su mantenimiento en el puesto de trabajo, ya que se le renueva contrato al mismo trabajador sin soluciones de continuidad. Para captar esta rotación real es necesario medir situaciones del no-empleo y dinámicas en 'desocupaciones' (quien, habiéndolo hecho el año anterior, actualmente ya no trabaja pese a continuar en edades activas)... En España son destacadamente las mayores entre los países con un tamaño del mismo orden de magnitud.


Únicamente superados por aquellos pocos de Finlandia, los varones españoles tienen una desocupación trimestral (203%) doble que la media del resto de los países; y la de las mujeres es cerca del triple (¡282%!). Durante 2005, uno de los mejores años con expansión del empleo, hemos destacado como aquel país en el que máxima llegó a ser la proporción de los que solo recuperan el trabajo tras llegar al 4º trimestre consecutivo desde que dejaron de trabajar. Eso pone de relieve que, también durante las expansiones del empleo, en España es donde hubo mayor rotación y desocupaciones mientras el paro se redujo de forma apreciable (...)


Desde 2000 hasta 2004 fue creciendo la diferencia entre los extranjeros Ocupados -en la EPA- y las afiliaciones registradas a la Seguridad Social de los mismos extranjeros. La regularización de 2005 consigue una importante disminución inicial de esa diferencia en términos absolutos y relativos. Pero a partir de 2006 se estabilizan las proporciones de los extranjeros laboralmente irregulares, con una media del 29% hasta el primer trimestre de 2010. Si, pese a variaciones, englobamos el periodo de los 6 años que van de 2004 as 2009, se computa una media de 715.000 extranjeros 'irregulares' respecto de la Seguridad Social: en 2009 fueron 726.000.


Esta presencia de forma continuada de un contingente tan copioso de trabajadores fuera del sistema fiscal español ha supuesto una verdadera 'reforma laboral' encubierta por el margen de ocupaciones con menor nivel de nuestro sistema productivo, que muy probablemente no encontrarían demanda solvente si se cumpliere con las obligaciones institucionales vigentes. Por ello, se puede interpretar que dicho tiempo de irregularidades ha venido siendo una especie de coste por la regularización que los nuevos inmigrantes han tenido que 'pagar' a medida que iban llegando al país (...)


Quizá pudiera ser momento de observar el papel que ha venido cumpliendo en el mercado de trabajo español la masiva importación de desigualdad que ha supuesto la inmigración. So capa de la solidaridad con los extranjeros, se ha utilizado colectivamente la llegada masiva de inmigrantes 'económicos' para llevar a cabo una cierta o sui generis 'reforma laboral parcial y encubierta' de hecho, que no de derecho.


Durante los años con expansión, los varones tenían la mitad de desocupación que las mujeres, con un ritmo de recuperación del empleo algo más rápido y completo... La llegada de la crisis ha igualado en gran medida la situación de ambos sexos, ya que los varones vieron empeorar todos los componentes aludidos, mientras que las mujeres mantenían igualación casi exacta con la dinámica masculina.


El crecimiento del empleo público durante la última década vino acompañado de incremento en la temporalidad para los contratos (tal tendencia posibilita una gran arbitrariedad en las contrataciones y renovación de sus contratos, ya que no parece acorde con la 'prioridad del mérito y la capacidad en el acceso' ni tampoco con ninguna 'consolidación del trabajo' entre las Administraciones Públicas)...hasta el extremo de coincidir con el sector privado cuando la crisis ha provocado el descenso de esta última (...)


Sería, por fin, recomendable una sola forma del contrato laboral, de duración indeterminada siempre, con progresión tan continua en las cuantías por año trabajado de la indemnización al despido que suprimiese la funcionalidad económica de los constantes vencimientos y, con ella, las finalizaciones de la relación laboral sin otra causa que las actuales ventajas (directas o indirectas) asociadas al final del plazo de contrato."

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(ved: "El impacto de la crisis sobre la desigualdad en el trabajo", Luis Garrido Medina, entre las Conferencias en el CaixaForum)

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