Aunque no se lograría por introducir un par de leyes más alguna institución: estos "persistir del Estado clientelar -con todos los alejamientos de una meritocracia, o distorsiones, conllevados- deterioran calidad democrática, perjudicando eficiencia económica y baja igualdades en oportunidades.
El dominado por pautas no-meritocráticas es un equilibrio con mala calidad que no querría superar, dejando cotas del poder, su Clase Política; en lo cual acabará la ciudadanía cómoda, sintiéndose, procurando beneficiarse con frutos de tan retorcido árbol al adoptar sus códigos para conductas...
Pasar desde tal statu quo hasta otro con mayor calidad –en
el cual gestionen los Gobiernos lo público mediante más transparencia, sin
proporcionar bienes privados a minorías, y donde sus ciudadanos adopten las
conductas para una sociedad meritocrática exigiéndose rendir cuentas
de los políticos- no se consigue con regulación legislativa copiada, digamos,
de un país escandinavo; estas medidas parciales rápidamente serían fagocitadas
por las prácticas del Estado que se quiere reformar. Es necesario un auténtico 'big bang'
reformador.
Sería deseable algún Acuerdo
amplio sobre regeneración institucional entre fuerzas políticas, que no
sólo llevase a revertir el proceso de actuales decepción y desconfianza
experimentado por nuestra ciudadanía. Sino por mejorar transparencias o calidades de
la acción política y del marco en el que los españoles desarrollamos nuestras
actividades, económicas u otras. Facilitándose, además, otras reformas sectoriales
necesarias para modernizar el Estado (de las Administraciones Públicas,
Justicia y Educación)… Pues ello crearía un escenario en donde fuera más fácil
doblegar las resistencias corporativas que se pueden presentar.
Los procesos hacia regeneración -institucional- se han producido históricamente tras haberse alcanzado consensos entre una parte sustancial para la sociedad civil y conjuntos relevantes de su clase política sobre necesidades del cambio (Inglaterra y Estados Unidos durante último tercio del siglo XIX); o a veces, como apuesta colectiva de modernización, tras la crisis provocada por una derrota bélica (Suecia y Dinamarca en similares fechas). A saber si dicho consenso necesario es suficientemente sólido para España hoy... En el pasado otoño parecía que sí. Ahora está menos claro. Esa polarización electoral que se observa, con sensaciones del arrinconarse las necesidades de regeneración, y el escaso castigo electoral a toda la impunidad mostrada en algunos pasados recientes no parecen buenos síntomas.
Sobre la España más actual resulta especialmente obvio cómo el avance no puede consistir en sólo promulgar algunas leyes o crear nuevos organismos de supervisión, porque buenas partes entre nuestra degeneración colectiva son consecuencias del incumplirse leyes y sentencias; por cuanto se ha limitado seriamente -cuando no, desde un principio, vaciado…- el contenido para los muchísimos Organismos de Supervisión creados... Hay multitudes de muestras para lo primero, pero como muestra recordemos que la normativa sobre contratación a proveedores por las AA.PP. se ha venido violando ya en forma sistemática e impune.
Y respecto a lo segundo, la sucesión de Organismos cuyas actividades están lejos del corresponderse con el objetivo dicho en su creación -siendo entorpecidos o seriamente limitados por Gobiernos, mismos que los crearon- es muy amplia. Han ido desde la ‘Agencia para Evaluación de Políticas Públicas’ (AEVAL) —que fue vaciada de contenido desde su inicio— al más reciente ‘Consejo de Transparencia y Buenos Gobiernos’, nacido ya raquítico por sus déficits en independencia más escaseces de competencias; y encima, cuando había dado ahora la razón a ciudadanos en sus exigencias de informes, el Gobierno que lo creó recurre sus resoluciones ante los tribunales.
También, esa discutibilísima
independencia de Organismos supervisores y la escasa capacidad sancionadora que
se les otorga (ya sea frente a Empresas explotando posiciones con dominio en sus
mercados o Bancos que abusan de clientes, sin por el Banco de España tenerse potestades
del imponer a las entidades compensar aquellos perjuicios causados); y ninguneo de cualesquier Autoridades Independientes como la para lo ‘…Fiscal’ (AIREF) últimamente impuesta.
Aunque podrán requerirse modificaciones legislativas, sería fundamental generar el compromiso creíble y verificable del cumplir las normas existentes (o nuevas) dotando de contenido a organismos ya creados, así como garantizar su independencia... Para ello, el restablecimiento de algunos mecanismos compensatorios al ejercicio del poder sería un primer paso, empezando por dar más credibilidad sobre tal proceso: asegurar independencia y competencia de órganos clave (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial o los Tribunales de Cuentas), avanzando en una profesionalización para las AA.PP, al reducir sustancialmente sus nombramientos con carácter político.
Mejorar las transparencias no se
consigue haciendo más complejos unos trámites burocráticos (¡que ya lo son, en
exceso!), sino realizando controles ex post con régimen sancionador
severo y explícito. Un renovado Consejo
de la Transparencia y el Buen Gobierno podría tener algunas competencias en esa
tarea. Y si se prestigian además otras instituciones (como la AEVAL), cumpliéndose
las reglas ya existentes sobre la producción normativa consistentemente ignoradas,
se podría incrementar transparencias o calidades del proceso
legislativo sensiblemente.
En este contexto hacia las
reformas sectoriales que también necesitarán consensuarse -como de la Justicia,
Educación u otras Administraciones Públicas...- sería muy conveniente generarse, dentro de tal
'big bang' reformador, un amplio acuerdo para el diagnóstico sobre deficiencias actuales y la definición del
modelo al que se quiere llegar. Porque luego el avance hasta las reformas debería
ser más incrementalista, evaluando
los pasos que se fueran dando: lo contrario a cuanto se ha hecho en las
llamadas 'reformas' de nuestras Administraciones, como la reciente CORA que no ha
tenido análisis de las deficiencias o especificación del modelo al cual se quiere
llegar (solo un listado sobre medidas, pero sin ninguna intención de verificar
si se cumplen más allá del enviarse al BOE) ni de cuáles son sus consecuencias
para los administrados.
Resulta evidente que una acción
conjunta y de consenso, del tipo de lo que aquí se plantea, dejaría mucho campo
para que los Partidos diferencien sus ofertas ante muchísimas cuestiones
relevantes. Está claro también que dicho tipo de consenso sería necesario
para impulsar cambios radicales del marco político e institucional…"
(Carlos Sebastián: España estancada; por qué somos poco eficientes -_'El_País', 2016)
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